•Con el apoyo de MariaMarina Foundation•
Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes (NNA), diversas unidades educativas del Plan 3000 en Santa Cruz participaron durante el mes de abril en un taller especializado para la implementación de políticas de salvaguarda. La actividad se desarrolló en el marco del proyecto “Comunidades libres de violencia – segunda fase”, con la participación plena de los comités de vigilancia conformados en cada unidad educativa.
Las unidades educativas Florinda Barba Chávez, Primavera II, 7 de Julio y 25 de Octubre fueron parte activa de esta experiencia formativa que permitió identificar y analizar los riesgos más frecuentes que afectan a la comunidad educativa. A través de un trabajo conjunto entre representantes de los consejos educativos, gobiernos estudiantiles, comisiones de maestros y direcciones escolares, se realizó una evaluación profunda de riesgos relacionados con accidentes, el entorno ambiental, aspectos psicosociales y el desarrollo integral de las y los estudiantes.
Uno de los principales hallazgos del análisis fue la urgente necesidad de complementar los Planes de Convivencia Pacífica y Armónica con una política de salvaguarda, como herramienta específica de respuesta y prevención frente a riesgos diversos. En esta línea, las unidades educativas identificaron acciones concretas para incluir en dichas políticas.
Entre las medidas destacadas se encuentran la mejora en la seguridad de los baños escolares, la fumigación de ambientes para evitar la proliferación de mosquitos, y la implementación de controles más estrictos para el ingreso de personas externas, mediante el uso de gafetes visibles para visitantes.
En el ámbito psicosocial, se evidenció la necesidad de reforzar la socialización del plan de convivencia, fomentar el cuidado de la imagen estudiantil en redes sociales, y promover la capacitación docente para la detección y prevención de la violencia. Asimismo, se propuso la inclusión activa de estudiantes en la gestión de riesgos en actividades masivas, la creación de espacios como el “buzón de denuncias”, y el fortalecimiento de metodologías que fomenten el respeto y la armonía tanto entre pares como entre docentes y familias.
Una medida destacada fue la propuesta de solicitar certificados de antecedentes penales y de no violencia a los docentes, como parte del refuerzo institucional en la protección de los NNA. Finalmente, también se subrayó la importancia de brindar apoyo psicológico o pedagógico para acompañar el desarrollo académico y emocional de estudiantes que lo necesiten.
Este proceso de análisis colectivo representa un paso crucial para consolidar espacios escolares más seguros, empáticos y respetuosos, donde cada integrante de la comunidad educativa pueda desarrollarse plenamente. La implementación de políticas de salvaguarda permitirá prevenir situaciones de violencia y fortalecer la convivencia con un enfoque preventivo y de cuidado integral.